Luis Zamudio Miechelsen, exdirector general de AHMSA, enfrenta una acusación por presunto abuso de confianza en calidad de depositario mayor, tras una denuncia de Grupo Afirme por la desaparición de nueve toneladas con 415 kilos de estaño valoradas en más de 9.6 millones de pesos. La defensa trabaja en argumentos legales y pruebas para que el juez desestime el proceso, mientras él colabora con la Fiscalía estatal. Este caso interesa a todo Coahuila porque involucra uno de sus emblemas industriales y cuestiona la transparencia de la justicia local frente a grandes intereses empresariales.

La imputación formal se presentó el viernes 10 de octubre en los Juzgados de la Región Centro, donde el Ministerio Público expuso el contrato de depósito entre Afirme y AHMSA —diciembre de 2017— y las discrepancias detectadas en las bodegas de la acerera.
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En esa audiencia, Zamudio solicitó la duplicidad del término constitucional (144 h) para preparar su defensa, posponiendo la vinculación a proceso hasta el próximo 15 de octubre.

No fue impuesta prisión preventiva, pero el juez advirtió que su inasistencia futura podría desencadenar su aprehensión.

La defensa afirma que carecen de elementos para sostener la acusación y buscará que la denuncia sea considerada improcedente ante el juez penal.

Además, AHMSA sostiene que Zamudio denunció en agosto de 2024 el robo de 9.4 toneladas de estaño en sus almacenes, y que colabora con la autoridad para esclarecer los hechos.

Hasta ahora se ha comprobado que la empresa y el exdirectivo han hecho públicas esas declaraciones en medios locales para posicionar su versión. Todavía no está claro si la Fiscalía tiene pruebas contundentes para contrarrestar la estrategia de desestimación.

Para escalar este caso al ámbito estadual, puede contrastarse con otros litigios recientes contra exdirectivos o grandes empresas en Coahuila —casos donde las denuncias enfrentan obstáculos judiciales— y analizar la capacidad institucional local para juzgar conflictos empresariales de alto impacto en municipios medianos como Monclova.

No se trata solo de un exdirectivo defendiendo su nombre: es una prueba de fuego para el sistema de justicia en Coahuila. Si los procesos contra grandes actores se detienen en formalidades, ¿quién garantiza que causas menores no queden aplazadas indefinidamente? ¿Podemos esperar un Coahuila donde la ley se aplique igual a todos?