Médicas y docentes en Saltillo comentan con preocupación un tema que suele pasar de largo en la agenda educativa: las llamadas maestras sombra, mujeres que acompañan de manera personalizada a niñas y niños con discapacidad en escuelas regulares, sobreviven con sueldos precarios y sin reconocimiento institucional. La mayoría recibe pagos informales de las familias y carece de seguridad social, pese a que su labor es clave para garantizar inclusión en las aulas.

Primero, los testimonios describen jornadas completas con salarios que en muchos casos no superan los 4 mil pesos mensuales. Después, se evidenció que no existe un padrón oficial ni protocolos de capacitación avalados por la Secretaría de Educación. Hasta ahora se ha comprobado que algunas asociaciones civiles ofrecen talleres y acompañamiento limitado; todavía no está claro si las autoridades educativas planean incluir a estas trabajadoras en los programas estatales de apoyo a la discapacidad.

El contraste es fuerte: mientras los discursos oficiales celebran avances en inclusión educativa, en la práctica son las familias quienes sostienen económicamente este esfuerzo. Especialistas en derechos humanos advirtieron que sin presupuesto público y calendarios claros de profesionalización, el modelo seguirá reproduciendo desigualdad. Desde colectivos ciudadanos se impulsa la creación de un comité de seguimiento que registre cuántos menores requieren apoyo y qué cobertura real existe en las escuelas de Coahuila.

Las maestras sombra son un pilar invisible del sistema educativo y su precariedad refleja la deuda del Estado con la inclusión real. Reconocerlas no basta: se necesitan protocolos, contratos formales y métricas de cobertura que midan el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. El seguimiento ciudadano será fundamental para que esta causa no se diluya en discursos.