En las escuelas de Coahuila, la violencia se ha convertido en un círculo vicioso. El caso del niño de segundo grado golpeado por ocho alumnos de sexto en una primaria de Frontera ha dado un giro alarmante: la agresión fue una represalia por un acto de acoso que la propia víctima había cometido antes, según confirmó la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF). Este hecho destapa una peligrosa espiral de bullying y venganza que evidencia el fracaso de los protocolos de convivencia en el sistema educativo estatal.

La PRONNIF, a través de la subprocuradora Martha Herrera, confirmó que el niño agredido, Dominic, había sido previamente el victimario de otro estudiante, quien a su vez pidió ayuda a sus compañeros mayores para “cobrar” la afrenta. Esta dinámica de “toda acción lleva a una reacción”, como lo expresó la funcionaria, es una falla sistémica que las autoridades educativas no han logrado contener.

La familia del menor solicitó su baja del plantel para cambiarlo de escuela, una solución que atiende la emergencia pero no resuelve el problema de fondo. Este caso exige una rendición de cuentas a la Secretaría de Educación de Coahuila sobre la efectividad de sus programas anti-bullying.

¿Están los protocolos de la Secretaría de Educación de Coahuila, como el Programa Nacional de Convivencia Escolar, realmente funcionando para detectar y mediar conflictos antes de que escalen a la violencia física y la represalia, o son solo un requisito burocrático sin impacto real en las aulas?

Cuando un niño acosado se convierte en víctima de una venganza grupal, la escuela fracasa por partida doble. La pregunta para las autoridades educativas de Coahuila no es a quién castigar, sino cómo van a romper un ciclo de violencia que está enseñando a nuestros hijos que los problemas se resuelven a golpes.