En Coahuila, una madre se atrevió a denunciar la agresión que sufrió su hijo, pero lejos de encontrar justicia, dice haber enfrentado hostigamiento y represalias por parte de las propias autoridades. El caso ha despertado indignación y pone en el centro el riesgo que viven quienes buscan justicia en un sistema que a veces parece castigar a la víctima en vez de protegerla.

De acuerdo con la denuncia pública, la madre relató que tras reportar la agresión física sufrida por su hijo a manos de un presunto funcionario, comenzaron una serie de acciones intimidatorias: visitas no solicitadas, llamadas amenazantes y actos de presión para que desistiera de la denuncia. La mujer asegura que incluso ha recibido advertencias sobre posibles consecuencias legales en su contra si sigue insistiendo en el caso.

El asunto ya está en conocimiento de organizaciones civiles y colectivos que exigen garantías para la seguridad de la familia y la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La familia ha solicitado medidas cautelares y transparencia en la investigación para evitar un “carpetazo” al caso.

Autoridades estatales informaron que se revisará el expediente y que se tomarán las medidas necesarias para proteger a las víctimas y sancionar cualquier abuso de poder o intimidación.

Buscar justicia no debería ser sinónimo de miedo. Si el sistema revictimiza a quienes denuncian, la impunidad gana y la confianza social se erosiona. La valentía de una madre y la integridad de las instituciones están en juego: solo una investigación a fondo y la protección real podrán devolver la esperanza y la fe en la justicia.