En Coahuila la tasa de suicidios alcanzó 9.7 por cada 100 mil habitantes, situándose entre las más altas del país, lo que visibiliza el reto de salud mental en jóvenes y la falta de indicadores desagregados que permitan a la ciudadanía evaluar la respuesta estatal.

Según datos de INEGI y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en 2024 se registraron 335 defunciones por suicidio en Coahuila, de las cuales 274 fueron hombres.

En lo que va de 2025 ya se advierte un nuevo repunte: 190 muertes hasta julio, según reporte provisional.

Los jóvenes están entre los grupos más afectados: un reporte advierte que “4 de cada 10 suicidios” corresponden a personas jóvenes, incluyendo 29 que no rebasaban los 20 años.

Pese a ello, no se encuentra publicado un tablero estatal con metas de reducción, responsables específicos por municipio, o avances de los programas de salud mental para prevenir suicidio.
Esta brecha entre la necesidad –urgente– y la información pública genera incertidumbre social: sin saber qué se hace y con qué resultados, la ciudadanía difícilmente puede exigir rendición ni participar de la vigilancia.

Las familias, estudiantes, maestros y especialistas demandan que la Secretaría de Salud de Coahuila y los municipios publiquen metas anuales de reducción, responsables por municipio, presupuesto visible para salud mental, y cortes trimestrales accesibles, pues solo así la intervención dejará de ser invisible y se traducirá en prevención real.

La vida de un joven no puede depender solo del azar o de que alguien lo vea a tiempo. Cuando los números suben y la política pública parece silenciosa, no estamos ante una crisis de datos, sino una crisis de confianza. ¿Cuándo convertiremos la prevención en prioridad visible, y el silencio en acción concreta?