El despojo de propiedades va en aumento en Coahuila: solo en el último año, los casos crecieron un 25%. Detrás de cada terreno o vivienda arrebatada hay historias de engaños, violencia y procesos legales interminables. El problema se multiplica y la incertidumbre amenaza a familias y dueños en todo el estado.

De acuerdo con datos oficiales, tan solo entre enero y mayo de este año se presentaron 687 denuncias por despojo, frente a las 548 del mismo periodo en 2023. Los municipios más afectados son Saltillo, Torreón y Monclova, aunque la problemática ya se extiende a zonas rurales y ejidos, donde la debilidad institucional y la falta de vigilancia han abierto la puerta a invasores y grupos oportunistas.

Muchos de estos casos inician con falsificación de documentos, amenazas o aprovechando la ausencia temporal de los propietarios. Otros, con violencia directa o la intervención de grupos organizados que ocupan casas y terrenos ajenos, despojando a familias y dejando una estela de miedo y desesperanza.

A pesar de los operativos y campañas, las víctimas señalan que los procesos legales son lentos y costosos, y que la recuperación del patrimonio puede tomar años —cuando ocurre—, lo que deja a muchos en la indefensión y con la sensación de que la justicia nunca llega.

El avance de los despojos en Coahuila no es solo un tema de números, sino una herida profunda para cientos de familias. Cuando la propiedad privada deja de estar protegida y la justicia camina lento, la confianza social se rompe. Es urgente que las autoridades redoblen esfuerzos, simplifiquen procesos y garanticen que la ley sí protege al legítimo dueño. La certeza patrimonial es base de toda sociedad; sin ella, todos vivimos bajo amenaza.