Madres y padres de familia comentan con indignación en chats escolares y pasillos de mercado: un maestro de secundaria fue señalado por presunto abuso en contra de una alumna, y aunque ya fue separado del cargo, la comunidad exige sanciones firmes y protocolos claros para proteger a las y los estudiantes.

La Secretaría de Educación en Coahuila confirmó que, una vez recibida la denuncia, se aplicó la separación inmediata del docente y se activaron los procedimientos administrativos y legales correspondientes. El área jurídica del plantel colabora con la Fiscalía General del Estado, que abrió carpeta de investigación bajo el protocolo de delitos sexuales, manteniendo la identidad de la menor en reserva por razones de seguridad y dignidad.

Autoridades educativas subrayaron que se brindará acompañamiento psicológico y legal a la estudiante y su familia. En paralelo, se revisará si en el plantel existen otros reportes previos, y se reforzará la capacitación en prevención y detección de violencia escolar. Organizaciones civiles de Monclova han pedido que el caso no quede en una sanción administrativa y se convierta en ejemplo de cero tolerancia a estas conductas.

Está confirmado que el maestro ya no ejerce funciones frente a grupo y que la investigación está en curso. Lo que falta por aclarar es si el procedimiento derivará en una inhabilitación definitiva, si habrá sanción penal y si se fortalecerán de forma permanente los filtros de selección y vigilancia del personal en secundarias de la región.

Cuando un aula se convierte en escenario de abuso, la confianza se rompe. En Coahuila, separar al acusado es apenas el primer paso: lo urgente es garantizar justicia real y blindar la seguridad de cada estudiante, porque la escuela debe ser siempre un espacio de confianza, no de miedo.