En chats de redacción, cabinas de radio y universidades se repite la misma preocupación: el reciente fallo federal en contra del diario Vanguardia, en un litigio con claros nexos políticos, representa un golpe directo a la prensa libre en Coahuila y un mensaje de advertencia que va más allá del medio involucrado.

La sentencia, emitida en un proceso con cuestionamientos sobre su imparcialidad, obliga a Vanguardia a pagar una indemnización millonaria que podría comprometer su operación y debilitar la voz crítica más influyente de la región. Organismos defensores de periodistas señalan que el caso exhibe la vieja práctica de usar tribunales como instrumentos de presión política, disfrazando el castigo con lenguaje jurídico.

Lo grave no es solo la sanción económica, sino el precedente: si prospera este modelo de castigo judicial, cualquier medio que incomode a grupos en el poder corre el riesgo de ser silenciado bajo el argumento de “daño moral” o de litigios de conveniencia. La historia reciente del estado confirma que estos juicios suelen llegar en coyunturas electorales o cuando investigaciones periodísticas incomodan a políticos y empresarios con poder.

Está confirmado que Vanguardia fue sentenciado en primera instancia federal y que sus abogados ya preparan recursos legales para impugnar. Lo que falta por definirse es si habrá acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de prensa, si se abrirá un debate público sobre la protección a medios críticos y si el fallo será revisado con perspectiva de libertad de expresión.

Un periodismo bajo amenaza es una democracia mutilada. En Coahuila, el caso contra Vanguardia no es solo un litigio: es un llamado urgente a defender la libertad de informar, porque cuando se castiga al mensajero, lo que se pierde es la verdad compartida.