Una pena de 98 años de prisión dictada en Monclova pone un precedente en Coahuila: la justicia estatal castiga severamente el secuestro agravado y la violencia familiar, pero ahora debe consolidar cómo este tipo de resultados se traduzcan en políticas públicas de prevención y protección para todas las víctimas.

En Monclova, el acusado Arnulfo “N” fue hallado culpable de mantener cautiva y golpear durante cuatro días a su cónyuge en una casa habitación y luego en un hotel de la ciudad. La sentencia se compone de 90 años por secuestro agravado y 8 años por violencia familiar agravada.

La Coordinadora de la Unidad de Investigación afirmó que “es una sentencia históricamente importante por su magnitud y por reconocer que esas agresiones se encuadran también como secuestro”.

El valor estatal del caso está en que Coahuila reafirma mecanismos de castigo para delitos de género y violencia extrema. Pero la nueva pregunta es: ¿se replicará este rigor en otros municipios? ¿Cuál será el seguimiento para las víctimas? La autoridad estatal debe demostrar que esto no es excepción.
Aun así, quedan retos: estadísticas claras de cuántas denuncias se elevan a juicio, porcentaje de reclasificaciones, acompañamiento a víctimas y políticas de prevención. Sin esos elementos, la sanción, aunque ejemplar, podría quedar como caso aislado.

Esta condena debería servir como hito en Coahuila frente a la violencia de género y el secuestro. Pero no basta con que se informen 98 años de cárcel; la ciudadanía espera que las víctimas encuentren protección real, y que las agresiones no escalen hasta ese punto. ¿Qué hará el estado para que ningún caso alcance los extremos de esta violencia?