En las juntas de padres de familia y en las salas de espera de los hospitales de Coahuila, el mensaje ahora es legal y contundente: callar ante el abuso infantil es un delito que se pagará más caro. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma para endurecer las sanciones contra cualquier persona —especialmente maestros, médicos o familiares— que tenga conocimiento de un caso de violencia contra un menor y no lo denuncie.

La reforma, impulsada desde la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, modifica el Código Penal y la Ley para la Familia del estado. Qué la figura de “omisión de cuidados” era una puerta giratoria legal que dejaba muchos casos en la impunidad. Con este cambio, se cierra esa laguna y se envía una señal de cero tolerancia.

Esta medida se alinea con los protocolos del gobierno federal para garantizar el interés superior de la niñez, una meta prioritaria de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, desde la oposición se exige al gobierno estatal del PRI una rendición de cuentas clara: la nueva ley debe ir acompañada de resultados y presupuesto para que la Fiscalía tenga la capacidad de atender el esperado aumento de denuncias.

¿Acaso esta reforma vendrá acompañada de una campaña estatal de difusión para que todos los ciudadanos, y en especial los servidores públicos, conozcan sus nuevas obligaciones y los canales correctos para denunciar sin temor a represalias?

Endurecer la ley es un paso fundamental para proteger a nuestros niños, pero solo castiga el daño una vez que ya ocurrió. La verdadera victoria está en la prevención. La pregunta para la sociedad coahuilense es: más allá de la ley, ¿estamos construyendo una cultura en nuestras colonias y familias donde el silencio ante el abuso sea socialmente inaceptable?