Saltillo vuelve a estar en el ojo del huracán: la empresa Internacional de Fundentes, con sede en la capital coahuilense, fue involucrada en una red de huachicoleo que opera entre México y Estados Unidos. Autoridades federales investigan el presunto tráfico de hidrocarburos a gran escala, sacudiendo el panorama empresarial y de seguridad en la región.

El caso fue revelado por informes oficiales que ligan a la compañía saltillense con el trasiego ilegal de combustible y operaciones financieras sospechosas en ambos lados de la frontera. De acuerdo con las autoridades, la red habría utilizado a Internacional de Fundentes como intermediaria para mover combustibles robados a través de complejos mecanismos de distribución, aprovechando lagunas legales y conexiones logísticas internacionales.

El escándalo suma presión sobre las empresas de la región, que han visto afectada su reputación y confianza en el mercado. Además, la investigación refuerza la urgencia de revisar los controles fiscales y aduanales, así como la coordinación binacional para frenar el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Mientras el caso avanza, empresarios y organismos locales demandan transparencia, justicia y garantías de que no habrá impunidad ni daños colaterales para negocios legales.

Cuando el crimen organizado se infiltra en el sector productivo, las alarmas deben encenderse en todos los frentes. El prestigio de Saltillo y la certeza jurídica de sus empresas están en juego. Frenar el huachicoleo es proteger el empleo, la legalidad y la confianza social: ningún negocio debe quedar bajo sombra de sospecha.