La Fiscalía de Coahuila investiga la muerte de un joven de 24 años que cayó en un pozo de captación en la colonia Villas Universidad Oriente de Torreón. Aunque las causas aún se analizan, el hecho vuelve a exhibir la fragilidad de la infraestructura urbana en la entidad.

Autoridades informaron que Protección Civil revisará las condiciones del pozo y se abrió una carpeta de investigación. Vecinos denunciaron que el área carecía de señalamientos claros, lo que convirtió al espacio en un riesgo latente.

El caso ocurre en un contexto de observaciones constantes a la obra pública en Coahuila. La Auditoría Superior del Estado detectó en 2024 20 irregularidades por más de 324 millones de pesos en Torreón, entre ellas deficiencias físicas y técnicas en infraestructura. En San Pedro, la Auditoría Superior de la Federación también reportó obras que operan de forma parcial o deficiente, sumando pagos en exceso y fallas de supervisión.

¿Quién se responsabiliza cuando una obra pública pasa de ser una solución a convertirse en peligro para los ciudadanos? ¿Dónde están los protocolos de supervisión que deberían garantizar seguridad en pozos, drenajes y sistemas de captación?

El gobierno federal ha impulsado lineamientos para mejorar la seguridad en espacios urbanos, pero su aplicación depende de los municipios. En la Laguna, los vecinos advierten que hay registros abiertos y obras inconclusas que siguen expuestas al descuido.

La muerte en Torreón no es accidente aislado: es reflejo de un modelo de infraestructura débil, sin controles ni supervisión suficientes. ¿Queremos un Coahuila donde las auditorías solo sumen observaciones en papel, o un estado que garantice que cada obra pública proteja la vida de sus ciudadanos?