En un movimiento inesperado dentro del proceso concursal de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo renunció a su liquidación por más de 300 millones de pesos, pero mantiene activa su estrategia para reclamar facturas pendientes ligadas a Minosa. La jueza confirmó el desistimiento parcial, que busca separar su petición laboral del grueso del pasivo acumulado por la siderúrgica.

La renuncia de Ancira quedó registrada en el expediente 77/2022 del concurso mercantil de Minosa. La jueza Ruth Haggi García Huerta determinó que el desistimiento abarca únicamente la liquidación laboral, pero no la facultad del empresario para litigar las facturas pendientes con cedentes de derechos.
El síndico del concurso, Víctor Manuel Aguilera, había incluido en el catálogo de acreedores un monto global superior a 15,900 millones de pesos, donde laboristas, accionistas y directivos reclamaban créditos. Ancira solicitaba 305 millones como liquidación laboral, monto que ahora abandona formalmente.
Sin embargo, el empresariado insiste en que la decisión no es un acto de altruismo, sino una maniobra estratégica para agilizar recursos o remover su reclamo de la masa laboral. El desistimiento libera parcialmente recursos que podrían reorientarse al pago de otras deudas.
Por otro lado, la jueza rechazó una petición de Madisa para remover al síndico Aguilera, argumentando falta de sustento legal. Esta negativa podría asegurar la continuidad del proceso de venta de activos en un momento clave.
El efecto práctico: Ancira sigue sosteniendo su derecho sobre facturas de Minosa, y su desistimiento no impacta el resto de los acreedores laborales ni la estructura principal del pasivo.

Trabajadores de AHMSA siguen en incertidumbre: muchos esperan que la venta de la planta permita liquidar créditos laborales. La postura de Ancira alimenta reclamos de desigualdad: que él abandone su liquidación pero siga litigando comercialmente es visto por algunos como un trato diferenciado.
Colectivos laborales han pedido una auditoría pública a las facturas reclamadas por Ancira para revisar si son legítimas o parte de maniobras para privilegiar intereses privados.

La renuncia parcial de Ancira suena elegante, pero no borra sospechas: ¿se trata de un gesto humanitario o de un cálculo legal para movilizar recursos sin interferencia laboral? Si su reclamo de facturas prospera, podría recibir flujos mientras obreros siguen en lista de espera.
En un concurso con más de 15 mil millones de pasivo laboral, estas maniobras alimentan la percepción de que el sistema favorece a los grandes. El desafío para las autoridades judiciales será garantizar que el desistimiento no se transforme en puerta oculta para privilegios. La legitimidad del proceso depende de que cada movimiento se compruebe públicamente.