Cuando en Coahuila cientos de personas con discapacidad superan los 29 años, su única llamada de auxilio es la promesa de un convenio federal que aún no se firma. En el Congreso local, la votación en contra del convenio para la Pensión Universal a Personas con Discapacidad dejó al estado fuera del programa que en otros 24 estados ya beneficia a quienes tienen entre 30 y 64 años.

Desde tempranas horas, activistas y familiares observaron con angustia el desarrollo de la sesión: los diputados del bloque PRIAN (PRI + PAN) hicieron valer su mayoría informal para rebotar el acuerdo hacia Comisión, en vez de aprobar la firma. Pero lo curioso es que esos mismos diputados autorizan, sin cuestionamientos visibles, presupuestos millonarios para contratos publicitarios con empresas afines —contratos que se ejecutan sin mayor transparencia ni cuestionamiento ciudadano.

La Pensión para Personas con Discapacidad del Gobierno de México está diseñada para entregarse sin intermediarios y alcanza los 3,200 pesos bimestrales para beneficiarios de 0 a 64 años en estados con convenio. En estados sin él (como Coahuila), solo quienes tienen hasta 29 años pueden acceder al apoyo general, y para quienes tienen más de esa edad el acceso está restringido a localidades indígenas o de muy alta marginación.
El Siglo de Torreón

En Coahuila existen actualmente más de 19 mil personas con discapacidad registradas bajo la modalidad vigente, todas ellas con límite de beneficios por tono geográfico y de edad.
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Organizaciones como Pa’ Cuando Nuestros Discapacitados en Coahuila han instalado módulos de recolección de firmas en municipios como Torreón, Matamoros, San Pedro y Monclova para exigir que el Estado firme el convenio y amplíe el rango de beneficiarios.

La senadora Cecilia Guadiana ya hizo un exhorto público para que Coahuila firme el convenio, advirtiendo que la Constitución exige garantías de pensiones no contributivas para personas con discapacidad menores de 65 años.
Morena Senado
Hasta ahora se ha comprobado que el rechazo al convenio no es una sorpresa: Coahuila es uno de los pocos estados que no lo ha firmado. Todavía no está claro qué argumento técnico prevaleció en Comisión para demorar la aprobación o qué compromiso concreto existe para revisarlo pronto.

Este embrollo no es solo una controversia política: tiene rostro humano. Muchas de las personas excluidas de este esquema viven con precariedad, cubriendo gastos de salud, transporte y rehabilitación con recursos mínimos. En paralelo, los contratos publicitarios otorgados por el mismo Legislativo alimentan críticas sobre prioridades invertidas.

Cuando un estado niega un derecho esencial a sus ciudadanos vulnerables mientras canaliza recursos a propaganda controlada, la pregunta deja de ser “por qué no firmaron el convenio” y se transforma en “por qué desprecian el mandato social”. ¿Queremos un Coahuila que viva de espejismos publicitarios o uno que subsidie la dignidad humana con hechos tangibles?