Hugo Lozano, presidente municipal de San Buenaventura, pidió licencia indefinida para reincorporarse al gobierno estatal como subsecretario de Educación Básica, dejando al municipio en manos del regidor Jesús Javier Flores Rodríguez. La jugada se completa con la aprobación unánime del Congreso estatal, lo que despierta señalamientos de que este tipo de relevos ya parecen rituales priistas más que decisiones bien argumentadas.

Llama la atención que, tras ganar la elección municipal para el periodo 2025–2027, Lozano abandone su puesto en pos de otro cargo. ¿Qué valor tuvo el voto popular si hoy se puede dejar el encargo para recibir una encomienda estatal que, en el imaginario colectivo, representa una escalera partidista y no compromiso con la comunidad?

Este tipo de movimientos políticos, tan comunes en el PRI, debilita la confianza ciudadana. Aunque el cargo estatal puede tener rango y responsabilidad, difícilmente supera el mandato conferido por quienes votaron por él; dejarlo a la mitad sugiere una prioridad de intereses políticos por encima del tejido municipal.

Aunque está claro que la legalidad del relevo cumple con normas institucionales, lo que aún falta por esclarecer es si veremos un cambio real en las prioridades municipales, si habrá una transición limpia o si el gobierno local quedará a la deriva mientras se reacomoda el poder estatal.

Cuando un servidor público abandona el cargo que ganó para asumir otro puesto, la ciudadanía debe exigir que no desaparezca la atención, las obras y el compromiso con quienes lo eligieron. No se trata solo de legalidad, sino de dignidad democrática.