Un juez federal dictó auto de no vinculación a proceso para Alejandro Irarragorri, desvinculándolo de las acusaciones fiscales promovidas por SAT/FGR. El fallo consideró que no hay pruebas suficientes para sostener que incurrió en delito. Sin embargo, el SAT ya interpuso recurso de impugnación. Este giro deja al descubierto las grietas del proceso penal frente al poder económico.

El fallo fue emitido el 7 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, donde se resolvió que no existía “apariencia de delito” ni elementos objetivos que respaldaran la acusación fiscal contra Irarragorri.

El club Santos Laguna emitió comunicado celebrando la decisión como ratificación del Estado de Derecho y señalando que su directiva actuará con transparencia institucional.

Pero el SAT no lo deja pasar: presentó una apelación para que un tribunal superior revise la sentencia, lo que mantiene abierto el proceso y refuerza la percepción de que la absolución no es el final.

Esta estrategia deja en la sombra otros aspectos del caso: los montos reclamados, mecanismos contables cuestionados y el historial del empresario en negocios vinculados al deporte y la explotación comercial.
La decisión genera un precedente al visualizar que, bajo ciertas condiciones, una defensa bien estructurada puede revertir acusaciones fiscales de impacto social, lo que refuerza reservas ciudadanas sobre la imparcialidad del sistema judicial.

Absuelto o no, este caso va más allá de Irarragorri: es espejo de cómo opera la justicia frente a los poderosos. Si no existieran mecanismos públicos de supervisión de carpetas judiciales, cualquier empresario podría ser favorecido por falta de rigor. No basta con que un juez dictamine inocencia; la ciudadanía debe exigir que se aprendiz de cada fallo y que esas decisiones se abran al escrutinio público. En Coahuila, casos como este pueden erosionar más que restaurar la confianza si no se enfrentan con transparencia plena.