En zonas rurales y centros de distribución de La Laguna, ganaderos, agroindustriales y transportistas denuncian que la CATEM los obliga a pagar cuotas por movilizar ganado, cebo o pollinaza —una extorsión que se traduce en costeo obligatoria del “derecho de piso”, algo que ya inquieta a amas de casa, obreros y líderes regionales.

Representantes de al menos seis organizaciones del sur de Durango señalaron que enfrentan cobros arbitrarios por kilo de “peso vivo”, hasta 80 centavos o más por vaca, lo que puede sumar decenas de miles de pesos semanales en cuotas. También denunciaron que la comercialización de pollinaza está monopolizada de manera forzada; quien no accede, corre el riesgo de que le detengan camionetas o servidores públicos omitan brindarles protección. Aseguran que las autoridades estatales y municipales, al menos hasta ahora, han hecho caso omiso o incluso colaborado con estos actos.

Este fenómeno no se limita a La Laguna: ya hay reportes similares en otros estados como Oaxaca, Veracruz y Querétaro, donde la CATEM ha sido acusada de extorsión, cobros indebidos y hasta desaparición de trabajadores. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que “donde hay denuncia, se atiende”, aunque hasta ahora no se ha visto acción concreta en la región.

Se confirma que los productores y transportistas están en situación de vulnerabilidad económica por retenes y cobros obligados, y que hasta el momento no han logrado que ninguna denuncia formal prospere. Lo que aún está pendiente es que las fiscalías inicien investigaciones confiables, que autoridades estatales o federales desplieguen operativos de protección y que se ofrezca apoyo legal público y anónimo para quienes denuncian.

Cuando un sector productivo le exige justicia al Estado y recibe silencio como respuesta, el riesgo no es solo económico: es institucional. Coahuila y Durango deben actuar sin tregua frente a las extorsiones, no reaccionar después del daño. El trabajo digno no puede depender del miedo ni del favoritismo sindical.