El Partido Acción Nacional en Coahuila interpuso un amparo en contra de la conocida “Ley Espía”, aprobada recientemente en el Congreso local y que permite a las autoridades solicitar información de usuarios de telecomunicaciones sin orden judicial. De acuerdo con sus dirigentes, la medida vulnera derechos fundamentales y abre la puerta a un uso político de la vigilancia.

El líder estatal panista, Bernardo González, señaló que la iniciativa carece de controles suficientes y que el recurso legal busca proteger a la ciudadanía de un retroceso en materia de libertades. Aseguró que el acceso a datos personales, sin supervisión de un juez, representa un riesgo de abuso y contradice principios constitucionales.

La acción del PAN se suma a las críticas de organizaciones civiles y expertos en derecho digital, quienes advierten que la norma puede generar un clima de desconfianza y persecución política, especialmente en un estado con antecedentes de prácticas de control excesivo.

Aunque el caso deberá ser resuelto en instancias judiciales, la discusión ya escaló al terreno político y se perfila como un nuevo episodio de confrontación entre la oposición y la mayoría priista en el Congreso.

Cuando se legisla sobre seguridad y privacidad, la línea entre protección y vigilancia se vuelve frágil. El reto está en garantizar que las herramientas del Estado no se transformen en armas contra la sociedad que deberían resguardar.