Para los ciudadanos de los municipios de Coahuila, la confianza en su policía local ha sido sacudida de nuevo. La detención de tres oficiales en activo de Francisco I. Madero, acusados de narcotráfico por la propia Fiscalía del Estado, no es un hecho aislado. Se suma al reciente caso de Parras de la Fuente, configurando un patrón alarmante que pone en tela de juicio la efectividad de los controles de confianza y la estrategia de seguridad estatal.

Los detenidos fueron identificados como Gerardo “N”, Guadalupe “N” y Cinthia “N”, todos miembros de la policía municipal. Fueron aprehendidos por agentes de investigación criminal del estado. La infiltración del crimen organizado en las policías municipales es uno de los mayores desafíos para la seguridad pública en México.

Este nuevo escándalo exige una rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales. Si bien la Fiscalía actúa deteniendo a los implicados, estos casos evidencian una falla sistémica en la prevención. La existencia de estos “malos elementos” es un golpe directo al discurso oficial sobre la seguridad.

¿Están funcionando realmente las pruebas de control y confianza que aplica la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, o se requiere una intervención y una depuración a fondo de las corporaciones más vulnerables del estado? La pregunta es urgente.

Cada policía corrupto es una grieta en el “blindaje” de seguridad que tanto presume el estado. La pregunta para el gobierno de Coahuila no es si pueden atrapar a los traidores, sino si tienen la voluntad política para reformar desde la raíz un sistema que permite que sigan apareciendo.