Madres de familia y jóvenes en chats vecinales comparten inquietud por la persistencia del narcomenudeo, luego de que autoridades de los tres niveles de gobierno ejecutaran un cateo judicial en la colonia Año 2000 de Piedras Negras, en busca de presunta venta de drogas; se trata de una acción vinculada a más de 50 operativos de este tipo en la región norte, lo que evidencia tanto la continuidad de la estrategia de seguridad como la necesidad de contar con resultados más visibles y protocolos de transparencia firmes.

El operativo se realizó bajo una orden judicial y con apoyo militar, federal, estatal y municipal. A pesar de la intervención, la Fiscalía General del Estado aún no ha informado sobre detenciones o bienes asegurados, mientras se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados oficiales. Este cateo se suma a al menos tres diligencias recientes en colonias como Villas del Carmen y el fraccionamiento Del Valle, donde sí hubo detenciones y aseguramientos de drogas y equipo relacionado con narcomenudeo.

Hasta ahora, se ha confirmado la ejecución del cateo bajo protocolos legales y la coordinación entre diversas corporaciones. Todavía no está claro qué sustancias o material fue incautado, ni si habrá personas judicializadas. Tampoco se ha especificado si habrá participación federal en el seguimiento o si se publicarán datos desagregados para medir el impacto operativo.

Este tipo de acciones han generado reacciones contrapuestas: por un lado, hay reconocimiento al esfuerzo estructurado; por otro, crece el reclamo ciudadano de indicadores concretos que eviten que los operativos se perciban sólo como gestos simbólicos. La duda que flota entre transportistas y comerciantes del centro es si estas intervenciones reflejan avances reales o si se repiten como espejismos institucionales.

Los cateos no deben ser noticias aisladas, sino parte de una estrategia sustentada en datos claros, rendición de cuentas y resultados visibles. La ciudadanía merece saber no sólo que hay acción policial, sino qué se asegura, quiénes quedan en proceso y cómo mejora la seguridad. Exigir esa claridad es fortalecer la justicia en Coahuila.