La reforma electoral recién aprobada en Coahuila prendió los focos rojos en la dirigencia nacional de Morena. Desde la cúpula del partido acusan que las nuevas reglas fueron diseñadas para beneficiar al PRI y mantener el control político, alimentando la polémica a menos de dos años de la próxima elección.

En rueda de prensa y a través de sus redes, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena criticó con dureza los cambios realizados por el Congreso local, asegurando que la reforma restringe la pluralidad y blinda la hegemonía del partido gobernante. Mario Delgado, líder nacional morenista, fue claro: “No se puede tolerar que se manipule la ley electoral para perpetuar a un solo grupo en el poder”.

El punto más cuestionado es el límite impuesto a la sobrerrepresentación de partidos y el ajuste en los tiempos de precampaña y campaña, además de nuevas reglas para la asignación de diputaciones plurinominales. Para Morena, estos cambios complican el avance de fuerzas emergentes y favorecen a quienes ya tienen estructura y recursos en el estado.

Por su parte, legisladores priistas y del bloque mayoritario rechazan las acusaciones y defienden que la reforma busca equilibrar la representación y reducir la saturación política. Insisten en que se trata de una modernización necesaria para el proceso 2026.

El debate crece y la confrontación se anticipa para los próximos meses. Coahuila vuelve a convertirse en laboratorio político, donde cada ajuste en la ley electoral desata lecturas y sospechas sobre el futuro del poder local.

Las reglas del juego nunca son neutras, y en tiempos de competencia cerrada, cada ajuste electoral enciende pasiones y desconfianzas. Coahuila está en la mira nacional y la verdadera prueba será en las urnas: si la reforma garantiza piso parejo o simplemente mueve las piezas para que nada cambie. La democracia se defiende con votos, pero también con reglas justas. Hoy, el reto es demostrar que la ley sirve al ciudadano, no solo a quienes la redactan.