En pláticas de plazas y en pasillos universitarios de La Laguna, colectivos ciudadanos expresaron tristeza y enojo luego de que se suspendiera una marcha por desaparecidos en Gómez Palacio, Durango, debido al temor de represalias. El hecho refleja no solo la vulnerabilidad de las familias, sino también el clima de miedo que frena la exigencia pública de justicia en la región.

De acuerdo con el reporte, la convocatoria había sido lanzada por familiares de personas desaparecidas con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir avances en las investigaciones. Sin embargo, ante advertencias y presiones no especificadas, los organizadores decidieron cancelar la movilización y limitarse a acciones privadas de memoria.

Hasta ahora se ha confirmado la suspensión del acto público y la persistencia de las denuncias por intimidación. Todavía no está claro si las autoridades de Durango abrirán una investigación sobre las amenazas o si se garantizarán condiciones de seguridad para futuras manifestaciones.

En Torreón y Gómez Palacio, colectivos de derechos humanos señalan que la cancelación no significa falta de voluntad, sino una muestra del miedo que atraviesa a las familias en la región lagunera. Transportistas y comerciantes comentan que la ausencia de marchas públicas invisibiliza aún más el problema, mientras la impunidad en los casos se mantiene como un reclamo central.

El miedo no debería callar la voz de quienes buscan justicia. Si en La Laguna se cancelan marchas por temor, las autoridades deben responder con garantías de seguridad y espacios seguros para la memoria. Callar la exigencia es perpetuar la impunidad.