La crisis laboral tocó las puertas de Wrangler en Torreón: la empresa anunció recortes de personal, y desde el Palacio de Gobierno el mensaje fue claro, aunque indirecto: el gobernador Manolo Jiménez, por medio de la Secretaría del Trabajo, pidió a la compañía retrasar los despidos para ganar tiempo y contener la tensión social.

El problema es que la petición no vino acompañada de un plan sólido para defender los empleos. No se habló de reubicación, apoyos de transición ni incentivos fiscales que aseguren continuidad laboral. Para muchos en el sector, el gesto refleja más una reacción política de emergencia que una estrategia seria frente al riesgo de dejar a decenas de familias sin ingreso.

Organizaciones sindicales y analistas coinciden en que aplazar el golpe no resuelve nada: los recortes siguen sobre la mesa y lo único que cambia es el calendario. La falta de claridad sobre medidas concretas —como programas de capacitación, atracción de nuevas inversiones o esquemas de sustitución de empleos— deja a la plantilla obrera en incertidumbre.

Lo confirmado es que la instrucción de Manolo fue frenar, aunque sea unas semanas, los despidos. Lo que sigue pendiente es si en ese lapso se presentará un plan de rescate real o si se repetirá la fórmula de posponer problemas hasta que exploten.

Un gobierno no debería conformarse con retrasar la crisis: debería impedir que estalle. La fuerza laboral de La Laguna necesita certezas, no dilaciones. Si no hay soluciones de fondo, pedir tiempo es apenas un consuelo vacío para quienes viven al borde del desempleo.