El escándalo por el huachicol en Coahuila suma un nuevo capítulo. Mono Muñoz, empresario señalado en el caso, reveló que una de las empresas bajo investigación fiscal por robo de combustibles también distribuye gasolina a al menos 320 estaciones en el estado. El dato pone en jaque a la cadena de abasto y enciende los focos rojos sobre la legalidad del mercado de combustibles en la región.

La denuncia pública surge en el contexto de los recientes operativos federales y la presión social por esclarecer el destino y el origen de miles de litros de hidrocarburo robado. Según Muñoz, la empresa señalada ha mantenido operaciones abiertas y contratos con decenas de gasolineras, lo que podría comprometer la reputación e integridad de estos negocios, así como la confianza de los consumidores.

Autoridades fiscales y de seguridad han iniciado investigaciones para determinar el grado de complicidad y la procedencia real del combustible, advirtiendo que no se tolerarán operaciones ilegales ni simuladas en el estado. Por su parte, los gasolineros piden claridad, certidumbre jurídica y garantías de que sus compras sean legales.

El caso complica aún más el panorama del mercado energético local, donde la sombra del huachicol amenaza la estabilidad comercial, la recaudación fiscal y la seguridad de la cadena de distribución.

El huachicol ya no es solo un delito clandestino; ahora sacude la estructura misma del abasto en Coahuila. Cuando la legalidad se pone en duda, todos pierden: empresarios, gobierno y, sobre todo, los ciudadanos. La limpieza del sector debe ser total y ejemplar, porque solo así se recupera la confianza y se asegura que el combustible que mueve al estado no lleve mancha de delito.