En San Buenaventura, familiares y vecinos en chats vecinales y paradas de camión alertaron sobre presuntos maltratos, condiciones precarias e irregularidades en el Anexo Cadeli —que alberga a unas 50 personas en rehabilitación— incluyendo un embarazo intramuros y negativas a entregar internados, lo que generó inquietud y exigencias de inspección oficial sobre el centro.

Las denuncias señalan que internos han sufrido desde maltratos verbales y físicos, cortes de cabello forzados, mala alimentación y afectaciones psicológicas, hasta presuntos actos de tortura, según relato de un familiar. También se reportó que una interna habría quedado embarazada dentro del anexo, lo que disparó sospechas de posible abuso sexual. En una ocasión, familiares de una interna originaria de Barroterán no pudieron llevarla consigo porque los llamados “padrinos” rechazaron entregarla; fue necesaria la intervención de la Policía para que finalmente pudiera salir. Además, se menciona una relación sentimental entre una de estas figuras de autoridad y la psicóloga del centro, lo que comprometería la profesionalidad de la atención.

Este panorama refuerza la percepción de una falla sistemática en la protección y transparencia de centros de rehabilitación informales. En contraste, medios locales como Zócalo destacan que esas denuncias han puesto al Anexo Cadeli “bajo la lupa”, reforzando la exigencia de supervisión y resultados claros por parte de autoridades sanitarias o de derechos humanos.

Lo confirmado: la existencia de denuncias por maltratos físicos, psicológicos, condiciones adversas, el presunto embarazo de una interna, y la intervención policial para liberar a una interna retenida. Lo que falta por confirmar: si ya se ha iniciado una investigación formal del gobierno estatal o municipal, si existen protocolos de atención en casos de abuso sexual o negligencia dentro de anexos, y si se implementará un plan de supervisión o clausura del centro.

La integridad de quienes buscan rehabilitarse no puede depender del azar o del escrutinio público: necesita supervisión institucional, protocolos claros y sanciones firmes. El caso del Anexo Cadeli debe ser catalizador para garantizar que en Coahuila, la rehabilitación no se mezcle con violencias.