El municipio de Torreón puso en marcha la licitación para un contrato de limpieza urbana por 25 años y una inversión estimada de hasta mil millones de pesos, un paso que marca un nuevo paradigma en el servicio público en Coahuila, pero que plantea retos de transparencia, cobertura y adaptabilidad a futuro.

El contrato anunciado por el municipio de Torreón comenzará a regir a partir de 2026 y está diseñado para una duración de 25 años. La administración federal y municipal estima una inversión de entre 900 y 1 000 millones de pesos, junto con equipamiento moderno (camiones nuevos, compactadores, tolvas, barredoras), terreno propio de hasta 100 hectáreas para relleno sanitario y sistema de monitoreo mediante GPS y aplicación móvil para ciudadanos.

El alcalde Román Alberto Cepeda González enfatizó que “el tiempo no va a ser un factor” para decidir la concesión, y que las tarifas serán compatibles con el crecimiento de la ciudad.

En el contexto estatal de Coahuila, este contrato tiene implicaciones mayores: la calidad de los servicios públicos urbanos afecta competitividad, calidad de vida y percepción de gobernanza. Pero la asignación por 25 años exige que se establezcan mecanismos de vigilancia ciudadana, revisiones periódicas y flexibilidad ante cambios normativos o tecnológicos (por ejemplo, economía circular o residuos electrónicos).
De no implementarse esos mecanismos, el contrato podría quedar lejos de los intereses ciudadanos y más cerca de una concesión rígida. ¿Cómo garantizarán las autoridades estatales y municipales que los ciudadanos de Torreón tengan acceso real a un servicio eficiente y asequible durante las próximas dos décadas?

La iniciativa de modernizar el servicio de limpieza urbana es positiva, pero no basta con buenos deseos: un contrato de 25 años debe construirse con garantías, rendición de cuentas y adaptabilidad. En Coahuila, cuando los servicios esenciales dependen de concesiones a largo plazo, la ciudadanía debe estar atenta: el futuro no puede estar hipotecado sin control. ¿Será esta licitación un modelo de eficiencia o un lastre para el municipio?