Para las mujeres de Coahuila que viven bajo la amenaza de la violencia machista, cada titular de un nuevo ataque es la confirmación de su peor miedo. El brutal intento de feminicidio ocurrido en Nueva Rosita, donde un hombre fue detenido mientras intentaba enterrar viva a su expareja en un pozo, es una catastrófica falla del sistema de prevención y un llamado de alerta para todo el estado.

La víctima, identificada como Brenda “N.”, fue rescatada con vida gracias a la intervención de un tercero y ya recibe atención médica y psicológica. La Fiscalía General del Estado ha clasificado el delito como feminicidio en grado de tentativa, y el presunto responsable, Omar “N.”, ya se encuentra en prisión preventiva a la espera de su juicio.

Este caso va más allá del acto criminal de un individuo; pone en tela de juicio la eficacia de los protocolos de protección a víctimas en Coahuila. Es un hecho que exige una rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Seguridad y del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres sobre sus resultados en la prevención de la violencia extrema.

¿Tenía la víctima, Brenda “N.”, medidas de protección previas y, si fue así, qué falló en el protocolo de seguimiento para evitar que su agresor llegara a este extremo? La pregunta es fundamental para evitar que la historia se repita.

Un hombre no decide enterrar viva a una mujer de la noche a la mañana. Hubo señales. Hubo una escalada de violencia. La pregunta para las autoridades de Coahuila no es solo si castigarán a este agresor, sino cuántas otras mujeres están en riesgo en este momento porque el sistema que debía protegerlas simplemente no está funcionando.