En los chats de las corporaciones de seguridad y entre los ciudadanos de Coahuila, la noticia cayó como una bomba: dos policías municipales de Parras de la Fuente fueron detenidos y acusados formalmente de narcomenudeo. Este hecho no es un simple arresto; es una fractura en la confianza pública y una señal de alerta sobre la infiltración del crimen en las filas de quienes deberían proteger a la ciudadanía.

Los oficiales, identificados como Jorge “N” y Juan “N”, fueron aprehendidos por la Policía de Investigación Criminal. A través de un comunicado de la Fiscalía General del Estado, que la detención se derivó de una investigación en curso, y un juez ya ha dictado la prisión preventiva en su contra, lo que significa que enfrentarán su proceso tras las rejas.

Desde el gobierno estatal se ha presentado esta acción como un resultado de la depuración constante de los cuerpos de seguridad, un protocolo de cero tolerancia a la corrupción. Sin embargo, la exigencia de la oposición y de organismos ciudadanos es una rendición de cuentas más profunda: se necesita saber si estos elementos actuaban solos o si forman parte de una red más amplia que opera dentro de la corporación.

¿se abrirá una investigación interna a toda la Policía Municipal de Parras para deslindar responsabilidades o si se implementarán nuevos controles de confianza más rigurosos a nivel estatal para evitar que casos como este se repitan?

La detención de dos malos elementos es una buena noticia, pero no soluciona el problema de fondo. La verdadera batalla por la seguridad se gana con instituciones limpias y confiables. La pregunta para las autoridades de Coahuila es si este caso servirá como un catalizador para una depuración real y transparente en todas las policías municipales, o si quedará como un incidente aislado.