En las salas de espera de las clínicas públicas de Coahuila, la angustia de una enfermedad a menudo se mezcla con el temor a la burocracia. Esa angustia se convirtió en tragedia para una familia en Piedras Negras, donde la Fiscalía del Estado ya investiga la muerte de una mujer de 68 años en la clínica del ISSSTE, tras denuncias de una presunta negligencia médica que la dejó sin atención adecuada durante dos días.

La víctima, identificada como Blanca “N.”, falleció después de haber ingresado por una caída. Su familia acusa que no se le brindaron los cuidados necesarios, lo que derivó en su muerte. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación para determinar si existe responsabilidad penal por parte del personal, mientras que el ISSSTE, como institución federal, realiza su propia auditoría interna.

Este caso expone la compleja interacción entre la justicia estatal y los sistemas de salud federales que operan en Coahuila. Mientras el gobierno del estado, a través de la Fiscalía, busca resultados y rendición de cuentas para la familia, el ISSSTE aplica sus propios protocolos de investigación.

¿Garantizará la delegación federal del ISSSTE una total transparencia en su investigación y colaborará sin reservas con la Fiscalía de Coahuila, o buscará proteger a su personal y minimizar el caso? La pregunta es clave para la confianza de miles de derechohabientes.

Cuando un paciente muere bajo circunstancias cuestionables en un hospital, la investigación no puede ser un simple trámite para cerrar un expediente. La pregunta para el ISSSTE y la Fiscalía no es si sus investigaciones encontrarán un culpable, sino si servirán para reparar la confianza rota de miles de coahuilenses que dependen del sistema de salud público.