En los chats de comerciantes y entre los contribuyentes de todo Coahuila, la pregunta es la misma cada fin de año: ¿cuánto subirán los impuestos municipales? Atendiendo a esa preocupación, el Congreso del Estado ha iniciado formalmente el análisis de las Leyes de Ingresos de los 38 municipios para 2026, con una advertencia clara desde la oposición: no pasarán aumentos ni nuevos impuestos que no estén plenamente justificados.

La Comisión de Hacienda del Congreso será el filtro final para todas las propuestas. La ley obliga a cada ayuntamiento a presentar un análisis de impacto financiero que demuestre la necesidad y viabilidad de cualquier nuevo cobro o aumento por encima de la inflación. Este es el candado técnico que se usará para frenar posibles abusos.

Desde el PAN se ha anunciado una postura de vigilancia estricta, exigiendo una rendición de cuentas detallada a los alcaldes del PRI sobre el destino de la recaudación. Por su parte, el gobierno federal, a través de Morena, ha insistido en que los municipios deben mejorar su eficiencia recaudatoria con los impuestos existentes, en línea con el protocolo de austeridad.

¿Impondrá el Congreso un tope general a los incrementos, como se ha hecho en años anteriores, para proteger de manera uniforme la economía de las familias en todos los municipios? La pregunta define el alcance real de este ejercicio de revisión.

El análisis de las leyes de ingresos no puede ser un simple trámite burocrático o una negociación política a puerta cerrada. Es un acto de responsabilidad directa con el ciudadano que paga. La pregunta para nuestros diputados es: ¿usarán su poder para defender el bolsillo de los coahuilenses o para aprobar paquetes económicos que solo beneficien las finanzas de los ayuntamientos?