En las colonias de Coahuila, el fin de una relación sentimental a menudo no es el fin del peligro, sino el principio de una amenaza. El violento ataque contra dos mujeres, Damaris “N.” y Maricruz “N.”, en Piedras Negras, es un brutal recordatorio de esta realidad y un reflejo de la crisis de violencia de género que el estado no ha logrado contener.

Las víctimas fueron agredidas en su propio domicilio, presuntamente por la expareja de una de ellas. La Fiscalía General del Estado ha integrado la carpeta de investigación con perspectiva de género y ya identificó al presunto responsable, por lo que se espera que se gire una orden de aprehensión en las próximas horas.

Este hecho, que es investigado como feminicidio en grado de tentativa, pone a prueba los protocolos de protección a víctimas del gobierno estatal. Mientras la Fiscalía actúa en la persecución del delito, la exigencia de resultados se centra en la prevención.

¿Contaban las víctimas con alguna medida de protección previa o habían denunciado amenazas, y qué está haciendo el Centro de Justicia para las Mujeres para fortalecer los mecanismos de prevención antes de que la violencia escale a este nivel extremo? La pregunta es fundamental.

Identificar a un sospechoso es el trabajo de la policía, pero evitar que una mujer sea brutalmente atacada en su casa es el deber de todo un sistema. La pregunta para las autoridades de Coahuila no es si se castigará a este culpable, sino cómo se va a proteger a la próxima víctima que hoy, en algún lugar del estado, vive con miedo.