En las filas de las academias de policía y en las corporaciones de Coahuila, la sombra de la corrupción es una amenaza constante. La vinculación a proceso de un policía municipal en activo y un cadete de Piedras Negras, detenidos en posesión de metanfetaminas, es la más reciente evidencia de esta crisis y se suma a los escandalosos casos de Parras y Madero, confirmando un patrón de infiltración que debilita la seguridad del estado.

Los detenidos, identificados como Jesús Alejandro “N” y Ángel “N”, enfrentarán su proceso en prisión preventiva. La Fiscalía General del Estado ha logrado que un juez de control ratifique la legalidad de la detención y los indicios que los señalan como probables responsables del delito de posesión de narcóticos.

Este nuevo caso es un golpe directo al discurso de seguridad y confianza del gobierno estatal del PRI. Mientras la Fiscalía actúa en la persecución del delito, la repetición de estos incidentes en distintas regiones exige una rendición de cuentas sobre la efectividad de los filtros de reclutamiento y las pruebas de control y confianza.

¿Están fallando los protocolos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila para detectar a tiempo a los malos elementos, o la infiltración del crimen en las policías municipales es un problema mucho más profundo de lo que se admite oficialmente? La pregunta es ineludible.

Cada policía detenido con droga es un fracaso del sistema que lo reclutó, lo entrenó y le entregó un uniforme. La pregunta para las autoridades de Coahuila no es si pueden encarcelar a los corruptos, sino si tienen la capacidad y la voluntad para construir corporaciones que sean inmunes a la corrupción desde su origen.