En el municipio de Torreón, Coahuila, el Centro de Justicia Municipal amplió su red de apoyo para personas con adicciones mediante una alianza con Alcohólicos Anónimos “Casa del Cerro”, lo que plantea un cambio hacia un modelo de justicia preventiva que podría servir como ejemplo para toda la entidad.

El CJM de Torreón, en colaboración con Alcohólicos Anónimos “Casa del Cerro”, propone atender a personas infractoras por faltas relacionadas con adicciones a través de canalizaciones voluntarias hacia programas de rehabilitación, en lugar de sólo sancionar. Martha Esther Rodríguez Romero, directora del CJM, afirmó que “se busca una justicia más humana, que nos lleve a detectar el origen de la falta y ofrecer el apoyo de las instituciones para evitar la reincidencia”.

Hasta agosto de 2025, el CJM había canalizado 80 personas al CIJ, 53 a agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, 9 al CAIF y 2 al IMM, y mantiene más de 30 convenios con instituciones asociadas.

Este modelo genera interés estatal: Coahuila, mediante su Plan Municipal (Torreón) y los instrumentos legales del estado, cuenta con un marco de “justicia cívica” y “rehabilitación comunitaria” que necesita escalar.

Sin embargo, falta un análisis comparativo entre municipios y un mecanismo de transparencia sobre resultados efectivos (por ejemplo, porcentaje de reincidencia, empleo insertado, seguimiento post-tratamiento).
Para que este enfoque tenga impacto estatal, se necesita que el modelo contemple: a) protocolos de derivación claros, b) seguimiento mínimo de 12-24 meses para evaluar reincidencia y bienestar de quienes reciben apoyo; c) medición de indicadores como reducción de faltas administrativas relacionadas con adicciones; d) presupuesto público transparente vinculado a resultados.
Desde la perspectiva de aliados federales y estatales, el programa de justicia cívica se alinea con la política nacional de tratamiento de adicciones y bienestar social, que promueve alternativas a la sanción pura. A su vez, la oposición en Coahuila deberá exigir la publicación de convenios, resultados por municipio, y la comparación interregional para asegurar que no sea un modelo sólo en Torreón sino en toda la entidad.

Este avance en Torreón muestra cómo la prevención puede acercarse a la justicia, no sólo sancionar. Pero el verdadero reto estará en medir sus efectos, replicar buenas prácticas y mantener constante supervisión ciudadana. ¿Está Coahuila lista para pasar de convenios a resultados reales en rehabilitación y reinserción?