En las calles de Monclova, la sentencia contra el asesino de un conocido taquero trajo una sensación de justicia, pero no borra la herida de la violencia. La condena de 27 años y 6 meses de prisión para Osvaldo “N” por el homicidio de Francisco “N” es presentada por la Fiscalía como una victoria contra la impunidad, un caso que pone a prueba la efectividad del sistema judicial de todo el estado.

El crimen, ocurrido en mayo de 2024, concluyó esta semana con la sentencia que incluye, además de la pena de cárcel, el pago de 1.5 millones de pesos por reparación del daño. La Fiscalía General del Estado logró esta sentencia condenatoria a través de la presentación de pruebas contundentes en un juicio oral, cumpliendo con su función de persecución del delito.

Este es el resultado que el gobierno estatal presenta como prueba de la eficacia de su modelo de seguridad y justicia, un protocolo donde se busca que los delitos de alto impacto no queden sin castigo. Sin embargo, para la sociedad, cada caso resuelto es también un recordatorio de la violencia que persiste.

¿Son estas sentencias, por más altas que sean, un disuasivo real contra la violencia, o se requiere una estrategia de prevención del delito a nivel estatal que atienda las causas de fondo en todas las regiones de Coahuila? La pregunta resuena tras cada condena.

Una condena cierra un doloroso capítulo para una familia, pero no para una sociedad que sigue demandando paz. La justicia no es solo castigar al culpable, sino construir comunidades donde estos crímenes no ocurran. La pregunta para el gobierno de Coahuila es: ¿qué se está haciendo para evitar el próximo titular y la próxima familia destrozada?