Familiares y allegados de Hilda N. alzan la voz por presuntas irregularidades en su proceso, mientras vecinos y comerciantes del centro defienden el derecho a un juicio transparente; señalan que fue remitida al penal en menos de doce horas desde su audiencia, sin que siquiera esté claro quién es el afectado, una situación que en Coahuila preocupa por la falta de garantías judiciales.

En las calles de Monclova se escuchó un clamor cargado de angustia y solidaridad —en pancartas y consignas, madres de familia y jóvenes trabajadores expresaron su respaldo— luego de que Hilda N., camarera del Hotel Holiday Inn, fuera acusada de sustraer 1.5 millones de pesos que, según la denuncia, formaban parte de un total de seis millones dejados en una habitación. Su esposo calificó el proceso como “exprés”, pues fue vinculada y trasladada al penal de Piedras Negras en menos de doce horas.

El caso ha generado fuerte rechazo social. En chats vecinales y esquinas del centro se comenta que “quién lleva tantos millones en efectivo y no lo nota hasta horas después” parece más bien un “auto robo”. Aunado a ello, se habla de inconsistencias en el relato del denunciante, quien permanece anónimo y cuya identidad no ha sido verificada. Mientras tanto, una de las acusadas denunció tortura, lo que familiares y organizaciones no gubernamentales demandan sea investigado.

Hasta ahora se ha comprobado que la defensa promovió un amparo que permitió cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a brazalete electrónico, con prohibición de salir de Monclova, un procedimiento autorizado por el juez para equipararlo a su compañera, quien ya contaba con esa medida. También está claro que la Fiscalía cuenta con un plazo de cuatro meses para reunir pruebas suficientes. Todavía no está claro si habrá intervención de autoridades federales; los marchantes piden que sea atraído el caso por un juez de la Ciudad de México, ante la percepción de falta de imparcialidad local.

El contexto judicial en Coahuila añade una capa de gravedad. La rapidez del proceso y aparente falta de verificaciones básicas, como comprobar la posesión del dinero o la identidad del denunciante, resalta la necesidad de fortalecer protocolos institucionales y mecanismos de transparencia. Sin soluciones claras ni rutas establecidas, crece el sentimiento de desconfianza entre la población hacia el sistema de procuración de justicia.

Este caso no debe convertirse en un símbolo del desamparo jurídico, sino en un llamado para que la sociedad civil, los órganos de transparencia y la ciudadanía exijan procesos imparciales y protocolos que garanticen el debido proceso sin discriminación. Que este episodio impulse, más allá de la indignación, un compromiso ciudadano permanente por la justicia en Coahuila.