En Foros empresariales, se lanzó la advertencia más firme: entre 2018 y 2025, la inversión en los sectores de electricidad, agua y gas cayó un 31.2 %, lo que representa un freno dramático al desarrollo regional, alerta que cobra especial peso en Coahuila como puerta de capitales y cadenas productivas.

Valeria Moy, directora del IMCO, expuso en conferencia que esta caída refleja malas políticas energéticas y añadió que ese mismo sector —el más deprimido del país— es, paradójicamente, la “oportunidad de oro” para mover la economía si se reactiva la inversión. La entidad aliada coincide: reactivar electricidad, agua y gas vibraría en todo el entramado productivo regional y sofisticaría la atracción de inversiones en el norte del país.

La esperanza coahuilense está en el plan estratégico de Pemex 2025‑2026, que prevé —en el marco de la Cuenca de Burgos y Sabinas— esquemas que integren inversión privada en gas shale, con una inyección estimada de 8 126 millones de pesos en 2025, seguida por 7 752 millones en 2026, 5 901 millones en 2027, y 32 630 millones de pesos a partir de 2028, para impulsar 81 campos mediante explotación primaria y fracking.

Desde el sector privado, se insiste en que Coahuila cuenta con condiciones atractivas para inversión (seguridad, mano de obra, conectividad), pero que debe fortalecer infraestructura energética —tanto para hidrocarburos como para renovables— para consolidarse como polo energético competitivo.

Lo confirmado: disminución de 31.2 % en inversión en electricidad, agua y gas entre 2018 y 2025 (INEGI/IMCO), estimaciones de inversión de Pemex para gas shale en la Cuenca de Burgos y Sabinas, estrategias en curso. Lo que falta por confirmar: si el gobierno estatal anunció programas específicos para atraer inversión en energías renovables, si se ha lanzado convocatoria para la infraestructura necesaria o si hay acuerdos con empresas locales para capitalizar esa “oportunidad de oro”.

Coahuila dispone del escenario ideal para detonar un nuevo ciclo energético, pero solo si la acción política acompaña la narrativa: urge actuar con rutas claras, infraestructura robusta e incentivos efectivos que conviertan la caída del 31 % en impulso para el futuro productivo del estado.