Entre los dueños de misceláneas y pequeños comerciantes de Coahuila, la queja es recurrente: los impuestos a refrescos y “comida chatarra” golpean sus ventas y el bolsillo de sus clientes. Esa misma preocupación fue la que retomó el político panista Guillermo Anaya, quien desde Torreón calificó estos gravámenes como un “engaño”, reavivando un debate que impacta a toda la economía y la salud pública del estado.

La crítica de la oposición, en este caso a través de Anaya, exige una clara rendición de cuentas sobre los resultados de esta política. Se argumenta que, tras años de su implementación, no hay evidencia clara de una mejora en los índices de salud pública, pero sí un impacto negativo en la economía familiar.

Por su parte, el gobierno federal defiende este impuesto (conocido técnicamente como IEPS) como un protocolo de salud pública alineado con recomendaciones internacionales. La recaudación de este gravamen genera miles de millones de pesos anualmente. La meta oficial, según la Secretaría de Hacienda, es destinar estos recursos a programas del sector salud, como la instalación de bebederos en escuelas y campañas de prevención de la obesidad.

Quisiéramos saber si existe un mecanismo transparente y auditable que permita a los ciudadanos de Coahuila verificar que el dinero recaudado por este impuesto en la entidad se traduce efectivamente en mejores servicios de salud o si, como acusa la oposición, simplemente se diluye en el gasto federal.

Más allá de la batalla política, el fondo del asunto es la confianza ciudadana. Si un impuesto se vende como una solución de salud, sus resultados deben ser medibles y transparentes. La pregunta es obligada para nuestras autoridades: ¿Dónde está el informe que demuestre a cada coahuilense que el costo extra que paga por un refresco está realmente combatiendo la obesidad y no solo engordando las arcas de la federación?