Vecinos rurales y autoridades coinciden en la urgencia de frenar el robo de hidrocarburos, que sigue activo en Coahuila. Durante los primeros cuatro meses de 2025 se detectaron 130 tomas clandestinas, es decir, casi el 23 % de las 544 registradas en todo 2024. Las zonas más afectadas son Parras de la Fuente y General Cepeda, con 64 y 39 casos respectivamente.

El desmantelamiento de cada toma representa un costo promedio de 63,187 pesos para Pemex, lo que coloca el total estimado del primer cuatrimestre por encima de los 8 millones de pesos. Coahuila se mantiene entre los 10 estados más afectados por estas prácticas.

A pesar de una campaña nacional contra el conocido “huachicol fiscal”, los hallazgos no disminuyen. La FGR acumula 144 carpetas de investigación relacionadas solo en los primeros meses de 2025, muchas antes del decomiso histórico en Saltillo y Ramos Arizpe. Contradictoriamente, el gobierno ha dado golpes contundentes: en un operativo reciente se decomisaron más de 15 millones de litros de hidrocarburo en la entidad, entre Saltillo y Ramos Arizpe.

El contraste es claro: se anuncia mano dura, pero la incidencia no cede. Las autoridades deben dejar de reaccionar caso por caso y asumir una estrategia integral de inteligencia, coordinación intergubernamental y reforzamiento constante de ductos y comunidades afectadas.

Enfrentar el huachicol no debe ser solo tarea de retiro de tomas; se requiere prevención, infraestructura segura y cooperación real entre niveles de gobierno. Sin esto, el robo seguirá regresando.