En medio de operativos y discursos oficiales, las cifras cuentan otra historia: el robo de combustibles en Coahuila aumentó 558% entre 2019 y 2024. El “huachicol” deja pérdidas millonarias, zonas en riesgo y una batalla que, lejos de ganarse, se intensifica en el norte del país.

Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía estatal muestran un crecimiento alarmante en las tomas clandestinas y decomisos de hidrocarburos. Solo en el último año, los municipios de Ramos Arizpe, Monclova y Frontera concentran la mayoría de los hallazgos, mientras que nuevas rutas y métodos sofisticados desafían a las autoridades a cada paso.

El auge del huachicol impacta no solo en la economía local —por el desvío de recursos y la caída en el abasto legal—, sino también en la seguridad: comunidades enteras viven cerca de ductos vulnerados y bajo la amenaza de explosiones, fugas o violencia entre bandas.

Pese al refuerzo de operativos, la problemática sigue creciendo. Los responsables de Seguridad Pública insisten en que se mantendrá la vigilancia y la coordinación con Pemex y fuerzas federales, pero reconocen que el negocio ilegal está lejos de erradicarse.

El repunte del huachicol en Coahuila es una señal de alarma que exige más que patrullas y discursos. Mientras el robo de combustibles crece, crecen también los riesgos para la gente y la economía. En este tablero, cada toma clandestina es una apuesta por la impunidad. La solución pasa por investigación, justicia real y oportunidades económicas que rompan el círculo de complicidad. El reto es enorme, pero ignorarlo ya no es opción.