En colonias populares y consultorios de Saltillo, el tema sigue siendo una herida abierta: la violencia familiar prevalece pese a leyes, campañas y programas institucionales. Especialistas locales explican que factores como el consumo de alcohol, la precariedad económica y la falta de educación en igualdad siguen alimentando un problema que afecta a cientos de hogares.

Primero, la autoridad reconoció que las denuncias aumentan cada año, pero que pocas derivan en sentencias firmes. Después, organizaciones de la sociedad civil subrayaron que muchas víctimas no se atreven a denunciar por miedo a represalias o desconfianza en el sistema. Hasta ahora se ha comprobado que existen refugios y líneas de apoyo en Saltillo; todavía no está claro si los recursos asignados son suficientes para cubrir la demanda creciente.

El contraste es evidente: mientras el marco legal se ha fortalecido con reformas y protocolos de atención, la realidad en las casas muestra que la violencia familiar se mantiene como el delito más denunciado en la capital. Activistas insisten en que se requieren campañas permanentes de prevención, capacitación para servidores públicos y calendarios de evaluación que midan avances reales.

La violencia familiar en Saltillo es más que una cifra: es un espejo incómodo de la desigualdad y la falta de justicia cotidiana. Las leyes existen, pero su efectividad se mide en vidas seguras, no en expedientes. Urge pasar del discurso a resultados verificables.