¿Qué tan protegidas están hoy las y los trabajadores de La Laguna, se preguntan costureras, jefas y jefes de familia y proveedores, tras el cierre de las cuatro plantas de Wrangler en Torreón, Coyote, La Rosita y San Pedro que dejará sin empleo a más de 2 mil personas con liquidaciones prometidas a más tardar a finales de septiembre; la autoridad estatal ofreció orientación, ferias y vacantes, pero persisten dudas sobre tiempos reales de pago, reubicación efectiva y el impacto inmediato en hogares que vivían del turno, la pieza y el bono?

La notificación cayó como “agua fría” en los pisos de producción: la empresa comunicó que el cierre es definitivo después de 25 años de operación en la Comarca Lagunera y que el proceso será “ordenado” y conforme a la ley. Las áreas más afectadas son costura en Coyote, La Rosita y San Pedro, y corte/lavandería en Torreón. Directivos informaron que las liquidaciones se cubrirán “al 100 %” y respetando antigüedad; incluso comenzaron a colocarse avisos con el desglose de derechos. En paralelo, el Centro de Conciliación Laboral y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ofrecieron acompañamiento, orientación jurídica y vinculación a ferias de empleo.

Para las economías de barrio el golpe es doble: desaparece el ingreso del salario y se enfría la derrama que sostenía comedores, papelerías, transporte y pequeños talleres de insumos. La región ya conocía señales de debilidad: desde años atrás hubo recortes, rotación en mandos y el antecedente del cierre de la planta de Allende. Ahora la discusión ya no es si habrá apoyo, sino si el soporte llega a tiempo para evitar que familias caigan en endeudamiento, informalidad o migración laboral forzada.

Lo confirmado hasta ahora: cierre de las cuatro plantas en La Laguna, aviso de liquidaciones a más tardar a finales de septiembre, acompañamiento de las instancias laborales estatales y un plan de orientación y vinculación con vacantes. Lo que falta por confirmar —y conviene transparentar—: el calendario desglosado de pagos por antigüedad y área, el porcentaje de personal que logrará recolocarse en la región en los próximos 60–90 días, y los criterios con que se asignarán vacantes de calidad (salario, prestaciones, turnos). También quedan preguntas sobre proveedores que dependían de la maquila y sobre el posible impacto en el mercado local de confección.

Para que el “acompañamiento” no se quede en discurso, se requieren pasos medibles: 1) publicar un tablero semanal con avance de liquidaciones; 2) instalar módulos de conciliación y asesoría jurídica en cada municipio afectado; 3) hacer ferias de empleo con seguimiento puntual (colocados reales, no solo entrevistados); 4) activar programas de ingreso temporal y reconversión de habilidades para costureras y operarios que quieran migrar a ramas con demanda; 5) auditar que todas las bajas cumplan la ley, sin renuncias disfrazadas ni renuncias de derechos.

Más allá de la coyuntura, la pregunta de fondo es de futuro: La Laguna necesita diversificar su base industrial y proteger el capital humano que ya existe. Perder 2 mil salarios de golpe no es solo un dato: son rentas, colegiaturas y refrigeradores que se quedan a medias. Si la respuesta pública y privada se coordina, esta crisis puede convertirse en puente; si no, será otra grieta en el ánimo lagunero.

La dignidad del trabajo no se liquida con un finiquito: se sostiene con certeza de pago, empleo de calidad y reglas claras. Que el cierre no sea la última palabra: la región merece un plan que coloque a su gente primero.