En una de las operaciones más contundentes del año, autoridades federales y estatales han asegurado 47 millones de litros de combustible robado —huachicol— en seis estados, entre ellos Coahuila. El operativo busca desarticular las estructuras criminales detrás del saqueo a ductos, una problemática que golpea la economía, la seguridad y la vida cotidiana de miles de familias.

El reporte oficial detalla que, a lo largo del primer semestre de 2025, la coordinación entre Sedena, Guardia Nacional, Pemex y policías estatales permitió la localización y decomiso del hidrocarburo en tomas clandestinas, bodegas y vehículos modificados. Además de Coahuila, los estados más afectados son Veracruz, Puebla, Estado de México, Tamaulipas y Nuevo León.

La magnitud del aseguramiento refleja tanto la capacidad operativa de los grupos delictivos como la persistencia del delito, que genera pérdidas multimillonarias y pone en riesgo a comunidades enteras. Autoridades señalaron que la estrategia incluye inteligencia financiera, vigilancia en puntos críticos y acciones judiciales contra responsables.

El impacto en Coahuila es directo: comunidades rurales y zonas industriales han visto de cerca los peligros del huachicol, desde explosiones y fugas hasta el aumento de la violencia local. Expertos advierten que la lucha contra el robo de combustibles requiere no solo operativos espectaculares, sino también prevención social y oportunidades económicas reales para quienes viven cerca de los ductos.

El decomiso histórico de huachicol es un golpe importante, pero la batalla está lejos de ganarse. Mientras exista demanda y oportunidad, el delito seguirá acechando a las comunidades más vulnerables. La solución duradera pasa por justicia, desarrollo y una vigilancia que no baje la guardia. Porque el verdadero reto es erradicar la raíz del problema, no solo cortar una rama.