Chats de productores rurales en Monclova y Castaños se convirtieron en escenario de denuncia colectiva: el trasiego irregular de ganado ha vuelto a ponerse en el centro del debate. En un operativo conjunto en Castaños, autoridades estatales aseguraron 50 cabezas de ganado bovino y detuvieron a una persona vinculada al traslado sospechoso de animales desde Nuevo León hacia Nava, asegurando así un golpe a redes de transporte ilegal.

Hasta ahora se ha comprobado que varios bovinos carecían de fierro, la guía de traslado no era oficial o estaba desactualizada, y que el transporte tenía rutas entre estados sin validación legal. Autoridades como la Secretaría de Desarrollo Rural y la Fiscalía General de Coahuila reforzaron que este tipo de operativos obedecen a instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal Federico Fernández Montañez para proteger a los ganaderos honestos y frenar el lucro indebido con animales robados o en traslado ilegal.

Todavía no está claro si esta medida será suficiente para desmantelar las redes traseras de abigeato, o si los puntos de revisión y la ley estatal de Ganadería serán modificados para endurecer sanciones y agilizar procedimientos. Productores locales han señalado que los daños económicos por estos traslados ilegales superan el valor del ganado mismo, generando pérdidas sustanciales en la región centro de Coahuila.

Un operativo como este es bienvenido, pero la justicia no se demuestra solo con aseguramientos aislados: requiere constancia en la aplicación de la ley, sometimiento claro a la transparencia y respaldo institucional permanente. La pregunta ciudadana es: ¿queremos un Coahuila donde los productores puedan confiar en que la ley protege su trabajo, o un estado donde la ilegalidad siga aprovechándose de la lentitud y la impunidad?