En grupos de vecinos y chats ciudadanos de Piedras Negras corrió la noticia: dos funcionarios del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) fueron suspendidos mientras la Contraloría abre una investigación por presuntas irregularidades. El hecho se suma a otros casos recientes de sanciones a servidores públicos y vuelve a poner en discusión la manera en que los municipios ejercen sus facultades de control.

Hasta ahora se ha comprobado que las medidas disciplinarias han recaído directamente en los funcionarios señalados, con sanciones inmediatas para evitar que las prácticas indebidas se repitan. Todavía no está claro si estas acciones responden a episodios aislados o si reflejan un problema más extendido en los organismos operadores municipales.

Organismos empresariales y ciudadanos coinciden en que servicios básicos como el agua requieren máxima transparencia, ya que cualquier irregularidad impacta en la vida diaria de miles de familias. En este sentido, la suspensión preventiva busca mandar un mensaje claro: la vigilancia existe y los servidores públicos deben rendir cuentas.

Desde la perspectiva estatal, expertos en administración pública apuntan que los municipios deben avanzar hacia protocolos uniformes de fiscalización y sistemas digitales de control. Con esto se reduciría la discrecionalidad y se garantizaría que cada irregularidad sea detectada y corregida con rapidez, fortaleciendo la confianza de los usuarios.

La transparencia no se mide solo por detectar errores, sino por corregirlos con oportunidad y sin excepciones. La pregunta ciudadana es: ¿queremos esperar a que los abusos se repitan o construir un sistema en Coahuila donde la rendición de cuentas sea regla y no excepción?