La destitución del Ministerio Público Edgar Abdel Garza Lozano, de la Unidad de Homicidios y Secuestros en Monclova, por presuntas prácticas de extorsión, reabre un debate que la Fiscalía de Coahuila intenta cerrar con comunicados: ¿es un caso aislado o un síntoma de un sistema corroído por la corrupción? Ciudadanos y abogados sostienen que lo segundo es la norma.

Familiares de detenidos denunciaron que el MP pedía hasta millones de pesos para “reclasificar delitos” o garantizar mejores condiciones en procesos judiciales. Tras las acusaciones, la Fiscalía General del Estado anunció su destitución inmediata.

No es el único episodio. Semanas atrás, otro Ministerio Público en Monclova fue señalado por conflicto de interés: atendía casos en los que su pareja fungía como defensora y su tío como asesor jurídico. En 2024, una red de corrupción en la propia Fiscalía fue acusada de despojar ilegalmente automóviles en la unidad de control vehicular.

Los patrones se repiten: corrupción, favores, omisiones. Y las cifras lo confirman: un análisis nacional reveló que la Fiscalía de Coahuila resolvió apenas 20 % de las denuncias en dos años, dejando a miles de víctimas en la indefensión.

La destitución de Garza Lozano no limpia la institución: solo muestra cómo la presión ciudadana logra que algunos casos lleguen a la luz, mientras muchos otros permanecen ocultos.

Cada destitución se anuncia como victoria, pero es apenas un parche. La ciudadanía no exige cabezas individuales, exige un sistema que funcione. Y la pregunta que retumba en Monclova y en todo Coahuila es inevitable: ¿queremos fiscales que administren justicia o que administren sus propios negocios?