En chats ciudadanos de la frontera norte se compartió con sorpresa: un inspector municipal de Piedras Negras fue suspendido tras clausurar una vivienda sin cumplir con los requisitos básicos. El hecho no solo quedó en la anécdota local, sino que reabrió un debate de fondo: ¿qué tan sólidos son los protocolos de clausura en los municipios de Coahuila?

Hasta ahora se ha comprobado que la sanción recayó en el funcionario que actuó fuera de norma. Todavía no está claro si casos similares se repiten en otras ciudades del estado, donde los ciudadanos también denuncian cierres arbitrarios o falta de información clara en los procedimientos.

Organismos empresariales insisten en que la certeza jurídica es indispensable: una clausura irregular puede generar pérdidas económicas y desconfianza en las autoridades. La suspensión en Piedras Negras refleja que hay voluntad de sancionar, pero también evidencia la necesidad de homologar protocolos en todos los municipios.

Desde la perspectiva estatal y federal se plantea que la solución está en capacitar inspectores, transparentar órdenes de clausura en línea y garantizar que los ciudadanos puedan verificar en tiempo real la legalidad de una acción. Estas medidas, dicen expertos, pueden transformar la percepción de arbitrariedad en confianza pública.

El error de un inspector no debe ser visto solo como un caso aislado, sino como un recordatorio de que las instituciones necesitan procedimientos claros y públicos. La pregunta ciudadana es: ¿queremos seguir corrigiendo después de los abusos o construir un sistema que los prevenga desde el inicio?