En pláticas de padres de familia y reuniones de docentes en Saltillo, el tema se repite: la seguridad en los planteles educativos. Ante ello, autoridades estatales anunciaron que se preparan cambios legislativos y operativos para blindar los entornos escolares, con énfasis en la prevención de violencia y adicciones.
Primero, se adelantó que el Congreso local discutirá ajustes legales para fortalecer protocolos de revisión, coordinación entre policías municipales y estatales, y la instalación de comités de seguridad escolar. Después, la Secretaría de Educación confirmó que también se reforzará la vigilancia en zonas de riesgo y se promoverán programas de cultura de paz. Hasta ahora se ha comprobado que existen diagnósticos de zonas vulnerables y un plan de capacitaciones a maestros; todavía no está claro si se contará con presupuesto suficiente para sostener estas acciones de manera permanente.
El contraste es evidente: mientras las autoridades hablan de blindaje integral, madres y padres reclaman que en muchas escuelas aún no hay infraestructura básica como bardas perimetrales, iluminación o vigilancia constante. El éxito de la estrategia dependerá de que las medidas no se queden en papel, sino que lleguen a cada plantel.
La seguridad escolar en Coahuila no puede depender solo de leyes nuevas: requiere recursos, seguimiento y participación comunitaria. La confianza de las familias se gana con resultados visibles en cada aula y patio, no con discursos en tribuna.














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