Mientras el nombre de Jorge “Mono” Muñoz resuena en todo el país como el nuevo “rey del huachicoleo” —gracias a una investigación de la periodista Anabel Hernández que lo vincula con redes de poder en los sexenios de Peña, AMLO y ahora Sheinbaum—, en Coahuila la Fiscalía admite: no hay una sola carpeta de investigación estatal en su contra.

El escándalo explotó tras revelarse que el emporio gasolinero del Mono Muñoz habría crecido al amparo de influencias políticas y estrategias de lavado de combustible robado a gran escala. Los reportes apuntan a una red sofisticada, con conexiones empresariales y políticas, que operó durante años bajo la sombra y que hoy amenaza la credibilidad del combate al huachicol en el norte del país.

Sin embargo, mientras las acusaciones y los titulares acaparan la agenda nacional, la Fiscalía General de Coahuila reconoció que, al menos en el ámbito estatal, no existe ninguna denuncia formal ni carpeta abierta contra el empresario lagunero. Un vacío que enciende preguntas incómodas sobre la coordinación institucional y la voluntad real de atacar el problema desde el origen, no solo desde la retórica.

Organizaciones civiles y voces críticas advierten que el caso no puede quedarse solo en el escándalo mediático. La magnitud de las operaciones y el daño económico y social del huachicol exigen investigaciones a fondo, transparencia absoluta y sanciones ejemplares, sin importar el tamaño del personaje o su lista de contactos.

La sombra del huachicol es más larga cuando la ley parece mirar para otro lado. Mientras las investigaciones duermen, el mensaje para la sociedad es de impunidad y desconfianza. En Coahuila, el reto es claro: romper el silencio, abrir las carpetas y demostrar que ningún imperio está por encima de la justicia.