La indignación por la muerte del joven trabajador Carlos Gurrola (“Papayita”) trascendió las fronteras de Coahuila para llegar al pleno del Senado de la República, donde se guardó un solemne minuto de silencio en su memoria. La senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana, presentó formalmente un punto de acuerdo para exhortar al gobierno estatal y a la Fiscalía a actuar, transformando una tragedia local en un asunto de presión política y de interés nacional sobre los derechos laborales.

La propuesta de la senadora de Morena tiene dos ejes: primero, exigir al Gobierno de Coahuila la creación de políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar el acoso laboral en todo el estado; segundo, solicitar a la Fiscalía que la investigación por la muerte de Carlos se realice con una estricta perspectiva de derechos humanos, atendiendo a las condiciones de mobbing que sufría.

El punto de acuerdo, presentado ante la máxima tribuna del país, formaliza la presión política sobre las autoridades coahuilenses, lideradas por el PRI, para que rindan cuentas sobre este caso. El exhorto se fundamenta en la Ley Federal del Trabajo y en tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Responderá el Gobierno de Coahuila a este exhorto con la creación de un programa específico contra el acoso laboral, o lo considerará una intromisión política del partido opositor? La pregunta define el futuro de la prevención de la violencia en los centros de trabajo del estado.

Cuando la justicia local es lenta o su enfoque es cuestionado, la intervención federal se vuelve una herramienta de presión ciudadana. La pregunta para las autoridades de Coahuila ya no es solo si le harán justicia a Carlos, sino cómo responderán al escrutinio y a la exigencia de la más alta tribuna legislativa del país.