La indignación por la muerte del joven trabajador Carlos Gurrola ha cruzado las puertas de la Fiscalía para instalarse en el pleno del Congreso de Coahuila. La intervención del diputado de Morena, Alberto Hurtado, quien se comprometió a dar seguimiento legislativo al caso, eleva la tragedia de un asunto penal a una crisis política y laboral que exige respuestas contundentes de las máximas autoridades del estado.

Hurtado, legislador por la región, calificó el hecho como un “asesinato” que no quedará impune y criticó la postura de la empresa H-E-B. Su pronunciamiento pone presión directa sobre el gobierno estatal del PRI y sus dependencias. La Fiscalía General del Estado mantiene en prisión preventiva a los presuntos responsables directos, mientras avanza en la integración de la carpeta de investigación.

El involucramiento del Poder Legislativo responde al clamor ciudadano y busca que este caso se convierta en un catalizador para endurecer las leyes contra el mobbing o acoso laboral, un protocolo que, según la oposición, es urgente reforzar.

¿Se traducirá este impulso político en una reforma real a la Ley Estatal del Trabajo para sancionar severamente el acoso, o quedará solo en un pronunciamiento mediático en el Congreso? La pregunta define el verdadero impacto de esta intervención.

Que un caso tan doloroso llegue al Congreso es un paso necesario, pero no garantiza la justicia. El riesgo es que la tragedia se convierta en capital político en lugar de un verdadero cambio sistémico. La pregunta para todos los diputados de Coahuila es: ¿usarán la memoria de Carlos para crear leyes que protejan a miles, o solo para pronunciar discursos que se olvidarán mañana?